La filosofía es que además de pagar por el agua, por ejemplo, se pague por asegurar la calidad y la disponibilidad en el tiempo. En Boyacá ya empezó a regir el cobro.
Ya hay 2,5 kilómetros de cerca de lo largo del río Cane Iguaque. Los campesinos se comprometieron a dejar de sembrar allí y permitir la restauración ecológica. Al cierre de esta edición, se establecían los mecanismos para pagarles.
Por: Andrés Rosales García
Publicado en www.catorce6.com/2675/empiezan-los-pagos-por-servicios-ambientales/
A principios de mayo, en las sabanas de Boyacá, los hermanos Marcos y Pedro Fernández* se enfrentaron a muerte. Luego, uno fue llevado al hospital, el otro a la cárcel.
La razón, el primero sembró papa un par de centímetros por fuera de su predio e invadió el cultivo de su hermano, que también es de papa.
El caso no generó mucha polémica en esa micro cuenca, la del río Cane Iguaque, en inmediaciones de Arcabuco (Boyacá). Todos por allá saben que no se trata de un simple tubérculo sino de lo que les da de comer a sus familias. Es algo cultural, es lo que los hace campesinos.
El lío es que son esos mismos labriegos, los de la parte alta de la cuenca, los que por años han contaminado el río Cane Iguaque -del que beben al menos 4000 personas aguas abajo-, no solo con los químicos de sus cultivos, sino con las heces de sus vacas.
Los impactos ambientales han sido gigantescos y ya pasan costosas cuentas de cobro con propinas como la compactación de los suelos y la erosión. En épocas de verano, el río prácticamente desaparece y la escasez de agua es angustiante.
La pregunta que surge entonces es ¿cómo hacer que esas gentes, en su mayoría pobres y capaces de todo por defender sus cultivos, se dediquen a otra actividad productiva?
“Imposible”, dice enfático Carlos Moreno, del Fondo Patrimonio Natural, una entidad de conservación que recibe recursos de una decena de organizaciones, incluidos Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente, y que trabaja en una especie de alternativa mágica para que los campesinos dejen de contaminar.
Se trata de esquemas de PSA, es decir, esquemas de Pagos por Servicios Ambientales. La ecuación es sencilla. Que los más de 4 mil usuarios del servicio de acueducto les paguen a los agricultores una suma similar a la que ganan sembrando papa para que dejen de hacerlo, al menos en las hectáreas próximas a la fuente hídrica.
La meta es que dejen esos terrenos para la restauración ecológica. Y que además colaboren en las tareas propias de la conservación.
El proceso ha sido lento, pero exitoso. Después de sendas deliberaciones, los usuarios estuvieron de acuerdo con pagar voluntariamente (y después obligatoriamente) 800 pesos, suma que ya están recogiendo mensualmente los cinco acueductos regionales que operan en la zona a través de la factura de acueducto y alcantarillado.
Al cierre de esta edición, se establecían los compromisos y la forma en que se le entregaría ese dinero mensualmente a los labriegos, incluidos los hermanos Fernández.
La herramienta de PSA contempla que los aportes no solo vengan de quienes reciben el servicio del agua, sino también del municipio y de las gobernaciones. “Volver el cobro obligatorio, e integrar otras fuentes de ingreso como las alcaldías, es lo que generará la sostenibilidad de la herramienta”, dice Moreno.
Y es que la normatividad colombiana lo contempla. Primero, se comienza a hablar de esquemas de PSA en la ley 1151 del 2007, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo, y después en el modificado artículo 111 de la ley 99 de 1993. Allí dice que los alcaldes y gobernadores pueden utilizar hasta el 1 por ciento no solo en compra de predios sino en el manejo de predios o Pagos por Servicios Ambientales.
El de la microcuenca del río Cane Iguaque es apenas uno de los planes pilotos que ya se echaron a rodar. Paralelamente, hay avances en cinco lugares más de la geografía nacional, dentro de los que se cuenta unos tan importantes como el abastecimiento de agua en Tunja, Ibagué o Floridablanca (Santander). Adicionalmente hay dos proyectos de belleza escénica, uno en el Páramo Volcán Azufral, en Nariño; y otro en la cuenca del Río Otún, en Pereira.
PSA, con antecedentes
El esquema de Pago por Servicios Ambientales no es algo nuevo en el país. Antecedentes hablan de un proyecto muy grande silvopastoril y de un proyecto liderado por el Instituto Alexander von Humboldt que ya está funcionando en Chaina, una zona boyacense.
No obstante, el de Patrimonio Natural es considerado un plan piloto porque está planeado con miras a masificarlo, a crear una estrategia nacional de conservación, y no meras experiencias aisladas.
De hecho, los cinco planes de agua, y los dos de belleza escénica, hacen parte de un convenio con Patrimonio Natural en el que el Ministerio de Ambiente giró más de 600 millones de pesos. El convenio arrancó en diciembre de 2008 y finaliza en junio del 2010.
Literalmente pretende “la estructuración metodológica y consolidación de los esquemas de Pago por Servicios Ambientales a nivel nacional”.
Para eso, se ha articulado todo un proceso que incluye aprender sobre lo construido. Moreno recalca que lo que vale es la exploración y la confianza en los procesos comunitarios. “Hay que ser muy cuidadosos. Si uno llega con documentos para firmar, los campesinos pueden desconfiar y la negociación puede irse al traste”, dice Carlos Moreno.
Como eso, son claves los estudios y simulaciones hidrologicas, para saber exactamente en qué predios está el problema y en qué predios hay que negociar. “Si les vamos a cobrar a los usuarios, hay que garantizarles que noten cambios, sino el proceso también puede colapsar”, agrega el experto.
*Nombres cambiados
