¡Bienvenidos!

El Programa Yo Protejo ¡Agua para Todos! que desarrolla actualmente la Gobernación de Cundinamarca- Secretaría del Ambiente en articulación con la CAR – Cundinamarca, Corpoguavio, Corporinoquia y el Fondo Patrimonio Natural, le presenta este seminario virtual que pretende brindar las bases conceptuales, normativas y metodológicas para la aplicación del incentivo de Pago por Servicios Ambientales Hídricos -PSAH- como aporte al cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, a partir de la experiencia del programa y de conformidad con las disposiciones del Decreto 1007 de 2018 que regula los PSA en el país.

Evento finalizado

Este seminario virtual pretende brindar las bases conceptuales, normativas y metodológicas para la aplicación del incentivo de Pago por Servicios Ambientales Hídricos -PSAH- como aporte al cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, a partir de la experiencia del programa “Yo Protejo ¡Agua para Todos!”, y de conformidad con las disposiciones del Decreto 1007 de 2018 que regula los PSA en el país.

El seminario se desarrollará a través de una jornada de 4 horas aproximadamente.

Principalmente va dirigido a las administraciones municipales, aunque también puede ser de utilidad para otros actores interesados en aplicar el incentivo de Pago por Servicios Ambientales en Cundinamarca.

  • Constitución política de 1991
  • Ley 1551 de 2012
  • Ley 388 de 1997
  • Ley 99 de 1993
  • Decreto 1076 de 2015
  • Decreto 1450 de 2011 (Art. 210)
  • Decreto 953 de 2013
  • Decreto 870 de 2017
  • Decreto 1007 de 2018
  • Plan Nacional de Restauración
  • Plan Nacional de Negocios Verdes
  • Ley 1930 de 2018
  • Ley 1955 de 2019 (PND)
  • ¿Por qué los municipios deberían implementar PSAH y qué deben considerar para hacerlo?
  • Comparación entre PSA y compra de predios: ventajas y desventajas
  • Diagnóstico municipal: requisito para definir las rutas de inversión más probables
  • Pasos para la implementación del PSAH

Guía conceptual y metodológica para la aplicación de incentivos a la conservación tipo Pago por Servicios Ambientales Hídricos en Cundinamarca: Recomendaciones para el cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993Presentación: Recomendaciones para la implementación de PSA con recursos del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, desde la experiencia de CundinamarcaReferentes internacionales que soportan el accionar de los entes territoriales en la gestión de los recursos naturalesNormatividadInformación geográfica sobre microcuencas abastecedorasModelos de documentos para descargarPreguntas frecuentesLa experiencia Yo Protejo ¡Agua para Todos!

Microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos delimitadas en el marco de Yo Protejo ¡Agua para Todos!

Al hacer clic sobre el enlace podrá encontrar la información sobre todas las microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos delimitadas por Yo Protejo ¡Agua para Todos! a partir de la información geográfica de la localización de bocatomas urbanas, suministrada por la CAR, Corpoguavio y Corporinoquia (2018). Por favor avance en la lista hasta encontrar la microcuenca de su interés.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZNHfNqgYZ9-GmwPiJH5cHAaBM5U-fFLM?usp=sharing

Preguntas frecuentes

Con el propósito de complementar la información brindada en el seminario, y como respuesta a las inquietudes más relevantes que surgieron durante las cinco jornadas, se tomó nota atenta de las preguntas y se construyó una respuesta corta para cada una, con el propósito de incluirlas en el micrositio dentro de la sección “preguntas frecuentes”. A continuación se presenta el listado de preguntas con las respuestas correspondientes:

 

1.   ¿Qué puedo hacer si en mi municipio existen áreas estratégicas para el recurso hídrico, como humedales o microcuencas de acueductos veredales, que no están incluidas en el mapa de AIE definido por la Corporación, y quiero invertir allí recursos del 1% del artículo 111 de la Ley 99 de 1993?

Se puede solicitar a la Corporación el ajuste a las AIE delimitadas con la inclusión de la nueva área. Para este caso el municipio debe realizar comunicación escrita (derecho de petición) a la Corporación correspondiente de su jurisdicción (CAR, Corpoguavio o Corporinoquia) informando la situación y justificando la necesidad de inclusión del área. La Corporación evaluará la situación y definirá las acciones a seguir.

 

2.   ¿Cuál es el proceso para lograr que un área ambientalmente importante en mi municipio sea incluida en el REAA?

El Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales -REAA- fue creado a través de la Resolución Minambiente 097 de 2017 “como una herramienta informativa, dinámica cuyo objetivo es identificar y priorizar ecosistemas y áreas ambientales del territorio nacional, en las que se podrán implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos a la conservación, que no se encuentren registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP)”.

Acorde con el principio de rectificación, consignado en el Artículo 1 de la misma resolución, la información contenida en el REAA es susceptible de actualización, rectificación o supresión. Por consiguiente, para realizar el registro de ecosistemas y áreas ambientales, se debe solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- la inclusión de la nueva área. El municipio puede hacerlo de manera directa o puede hacer la solicitud a la Corporación Autónoma correspondiente para que esta, a su vez, realice el trámite ante el Ministerio. Si el municipio decide hacerlo de manera directa, debe realizar comunicación escrita dirigida a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS, con copia a la Corporación correspondiente de su jurisdicción (CAR, Corpoguavio o Corporinoquia) justificando la necesidad de inclusión del área. El Ministerio evaluará la situación, verificará el cumplimiento de las condiciones para su registro de acuerdo con lo establecido en el Art. 4 de la Res. 097/2017 y definirá las acciones a seguir.

 

3.   ¿Qué acciones de conservación podemos concertar con los participantes que vinculen sus predios localizados en ecosistemas de páramo y qué documentos recomiendan para leer más acerca del tema de la gestión en páramos?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.8.2.4. del Decreto 1007 de 2018 “dentro de las acciones destinadas a la restauración, se incluyen aquellas que se adelanten en sistemas productivos, respetando el régimen de uso y manejo del área o ecosistema estratégico del cual se trate”. Por consiguiente, la definición de acciones de conservación en páramos que se realice el marco de la implementación de un incentivo a la conservación debe ajustarse al régimen de usos definido en los instrumentos de manejo de estos ecosistemas. Al respecto, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1930 de 2018 (Ley de páramos) “El desarrollo de proyectos, obras o actividades en páramos estará sujeto a los Planes de Manejo Ambiental correspondientes” (Art. 5), lo cual concuerda con el planteamiento del decreto 870 de 2017 en su Artículo 7, que establece que las acciones sujetas al reconocimiento del incentivo deberán respetar el régimen de uso y manejo del área o ecosistema estratégico.

Particularmente para los páramos, Las Corporaciones Autónomas Regionales, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, generarán planes y proyectos de reconversión o sustitución gradual de las actividades prohibidas que hayan quedado en su interior. Si bien, de acuerdo con la Ley de páramos, “Podrá permitirse la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en las zonas de páramo delimitados, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa de los páramos”, “Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” (Art. 10).

De manera similar, en el Artículo 5 de la Ley 1930 de 2018 se establece que las prácticas económicas llevadas a cabo en estas áreas consistirán en actividades de producción alternativas y ambientalmente sostenibles y que las autoridades ambientales y territoriales implementarán acciones para controlar la expansión de la frontera agrícola. En este contexto, a través de la Resolución Minambiente 0886 de 2018 fueron adoptados los lineamientos para la zonificación y determinación del régimen de usos para los páramos delimitados, así como las directrices para diseñar y poner en marcha los programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias en estos ecosistemas.

Para más información se recomienda consultar documento “Documento de lineamientos para la elaboración del plan de manejo ambiental y la zonificación y régimen de usos aplicable a páramos delimitados” disponible en https://bit.ly/3j90KQw .

 

4.   Teniendo en cuenta que la planificación presupuestal y de proyectos se realiza por vigencias anuales, ¿cómo se puede blindar jurídicamente al municipio para poder apalancar financieramente estrategias de PSAH que generen procesos de largo aliento?

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.9.8.4.1. del Decreto 1007 de 2018 acerca de la incorporación de los ingresos corrientes a los que se refiere el artículo 111 de la ley 99 de 1993 en los planes de desarrollo y presupuestos anuales de los municipios, distritos y departamentos; es importante precisar que la implementación de un programa PSAH requiere una planeación que, adicional a la definición del presupuesto necesario para su desarrollo, requiere definir su alcance en términos de espacio y tiempo. Por consiguiente, si una vez planeado el PSAH se identificó la importancia de desarrollar un proyecto de largo aliento que, por ejemplo, incluya procesos participativos conducentes al fortalecimiento de procesos comunitarios, se pueden constituir vigencias futuras.

Adicional a lo anterior, es importante tener presente que los recursos del 1%, al ser de destinación exclusiva, se transfieren de un año al siguiente si no fueron ejecutados.

 

5.   ¿Pueden las Juntas de Acción Comunal -JAC- expedir certificaciones sobre posesión de buena fe?

Las Juntas de Acción Comunal -JAC- pueden realizar declaraciones de posesión de buena fe de los vecinos miembros de la JAC, más no tienen la competencia de expedir certificaciones.

En lo relacionado específicamente con certificaciones de sana posesión para postular a un incentivo tipo PSAH, para el caso del programa Yo Protejo ¡Agua para Todos! se validaron las certificaciones expedidas por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal o por la Policía, esto de acuerdo con las recomendaciones del profesional jurídico del proyecto.

 

6.   ¿Es posible contar con cofinanciación de la Gobernación de Cundinamarca para implementar PSAH con los recursos del 1% y otras acciones de conservación?

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 288 de la Constitución Política Nacional, “Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. En este orden de ideas, la Gobernación está atenta a desarrollar procesos de manera articulada con los municipios en el marco del programa de pago por servicios ambientales que implementa desde de la Secretaría del Ambiente, para lo cual es importante que los municipios expresen su interés por un trabajo colaborativo orientado a la gestión integral de las áreas estratégicas para el recurso hídrico.

 

7.   ¿Es posible implementar PSAH con recursos del 1% entregando incentivos completamente en especie?

Sí. La modalidad de incentivo es definida por el municipio dentro del diseño de su programa PSAH y concertada con los participantes que deseen vincularse de manera voluntaria, ya sea a través de acuerdo individual o de acuerdo colectivo.

De acuerdo con lo establecido en la Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2017, el Pago por Servicios Ambientales “se trata de un incentivo económico, en dinero o en especie (ej: diversos tipos de asistencia técnica para la conservación, apoyos organizativos, entre otros) que reconoce las acciones y las prácticas asociadas a la preservación y restauración de ecosistemas, que resultan en una reducción de los conflictos en el uso del suelo y buscan el mantenimiento y la generación de los servicios ambientales. De allí que un principio básico de esta figura, es que los beneficiarios deben ser compensados por el costo que supone prestar dichos servicios de conservación ambiental, lo que a su vez permite dos cosas: (i) generar alternativas económicas para la comunidad; y, (ii) llevar a cabo medidas para mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir” (negrilla fuera del texto).

 

8.   ¿Cómo se garantiza el cumplimiento del principio de condicionalidad en un acuerdo de conservación? ¿los beneficiarios deben adquirir una póliza de cumplimiento?

El principio de condicionalidad se incorpora en los acuerdos de conservación a través de: 1) la concertación -no imposición- con los beneficiarios, previa suscripción del acuerdo, de su compromiso en la implementación de acciones de conservación; 2) la inclusión, en el cuerpo del acuerdo de conservación, de los compromisos pactados y las especificaciones para la implementación de actividades con tiempos de entrega definidos; y 3) la definición del valor y periodicidad de los desembolsos, acompañada por la aclaración que haga explícito que para realizar cada desembolso será necesaria la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

En lo relacionado con la adquisición de pólizas de cumplimiento, esto queda a discreción de cada uno de los jurídicos de los entes territoriales, si en los acuerdos de conservación consideran establecerlas. Además, se debe tener en cuenta que el decreto 1007 del 2018 estipula en su artículo 2.2.9.8.3.1 los contenidos mínimos del acuerdo voluntario a través del cual se formaliza el otorgamiento del incentivo.

 

9.        ¿Cómo se manejan los desembolsos en los acuerdos colectivos, particularmente el saldo final de libre destinación?

El monto, la cantidad y la periodicidad de los desembolsos se definen en función de las actividades pactadas dentro del marco lógico del Plan de Adecuación Ambiental Colectivo -PAAC, garantizando que el valor a desembolsar cubra el valor de las actividades a desarrollar en cada etapa de la implementación. Así, por ejemplo, si en el PAAC se estableció la implementación de 10 actividades en un periodo de 9 meses, dentro de las cuales 4 deberán estar implementadas al tercer mes tras la suscripción del acuerdo de conservación y las 5 restantes al cabo de 6 meses, es recomendable pactar tres desembolsos dentro del periodo de tiempo de cumplimiento de actividades. Es decir que, continuando con el mismo ejemplo, se realizarían los desembolsos de la siguiente manera: 1) un primer desembolso a la firma del acuerdo, por el valor de las actividades 1 a 4; 2) un segundo desembolso por el valor de las actividades 5 a 10, previa verificación del cumplimiento de las primeras 4 actividades, y 3) un último desembolso al final del acuerdo, por el valor del saldo, previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las actividades pactadas y de los soportes de inversión de los recursos entregados hasta el momento.

 

10.      ¿Puede la alcaldía municipal adquirir con recursos a los que se refieren los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993, materiales como drones, herramientas o computadores con fines de mantenimiento y monitoreo de los predios adquiridos para la conservación?

Obedeciendo a lo dispuesto en los artículos 2.2.9.8.3.5, 2.2.9.8.4.2 y 2.2.9.8.4.1 del decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 1 del decreto 1007 de 2018, sobre la destinación de recursos de los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993 con fines de mantenimiento y monitoreo, se establece lo siguiente:

  • Artículo 2.2.9.8.3.5: “se podrán atender los gastos directamente asociados al pago por servicios ambientales y la adquisición de predios, relacionados con el monitoreo y seguimiento, estudios de títulos, levantamientos topográficos, avalúos comerciales y gastos notariales y de registro. Para el caso de los predios adquiridos también podrá incluirse la custodia y administración de los mismos”.
  • Artículo 2.2.9.8.4.2: “el mantenimiento de predios se refiere a aquellas actividades directamente desarrolladas en los predios adquiridos por las entidades territoriales para la preservación y restauración de los ecosistemas presentes en los mismos, para lo cual la autoridad ambiental competente dará el apoyo técnico requerido por la entidad territorial”.
  • Artículo 2.2.9.8.4.1. Inversiones de que tratan los artículos 108 y 111 de ley 99 de 1993: “las autoridades ambientales en coordinación y con el apoyo de las entidades territoriales realizarán las inversiones de que trata el artículo 108 de Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, en el marco de lo establecido en el presente capítulo”.

Adicional a lo anterior, se recomienda elevar la consulta al Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, como órgano competente de conocer y disponer sobre la implementación de PSA y otros incentivos a la conservación.

 

11.      ¿Es recomendable que un municipio adquiera predios en otro municipio como parte de su accionar para la conservación de las áreas estratégicas para el recurso hídrico de donde se abastece?

Dentro de las posibilidades de los municipios para gestionar las áreas de especial importancia para la conservación del recurso hídrico se encuentra la adquisición de predios estratégicos e implementación de esquemas de PSA, incluso si estos se encuentran localizados fuera de su jurisdicción. Al respecto de la inversión de recursos en áreas y ecosistemas estratégicos fuera de la jurisdicción, el artículo 2.2.9.8.2.7 del decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1007 de 2018 establece que “Las entidades territoriales, autoridades ambientales y otras entidades públicas podrán invertir recursos por fuera de su jurisdicción, siempre que el área seleccionada para la adquisición, mantenimiento o pago por servicios ambientales sea considerada estratégica para la conservación de los servicios ambientales de los cuales se beneficia su respectiva jurisdicción. Estas entidades adelantarán las inversiones preferiblemente en coordinación y en cofinanciación para articular la intervención en el territorio y lograr mayores economías de escala y eficiencia en la conservación de los servicios ambientales en las áreas y ecosistemas estratégicos”.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda tener en cuenta lo que establece el Decreto 870 de 2017 dentro de los principios orientadores del PSA, en donde menciona el principio de complementariedad, según el cual el PSA deberá “(…) apoyar los procesos de comando y control establecidos y promover procesos asociativos y economías de escala para la conservación y mejora productiva (…)”; la costoefectividad, que busca cubrir la mayor parte de área generadora de servicios ambientales, maximizando los resultados de conservación esperados con los recursos disponibles; y la solidaridad, que  habilita a las entidades territoriales a asignar el incentivo de PSA en áreas y ecosistemas estratégicos por fuera de sus jurisdicciones, siempre y cuando se beneficien de los servicios ambientales que estos provean.

El principio de solidaridad, de acuerdo con lo establecido en la sentencia C-644 de 2017 de la Corte constitucional busca “habilitar la disposición de recursos por parte de las entidades territoriales y las autoridades ambientales por fuera de sus correspondientes jurisdicciones, con el propósito de contribuir a la finalidad de protección y preservación ecosistémica del Decreto Ley [870 de 2017], así como a la generación de mayores servicios ambientales, cuyas utilidades traspasan los límites políticos y físicos del territorio…”. La Corte también señaló que esa disposición se debía analizar en concordancia con el principio de armonía regional establecido en la ley 99 de 1993, según el cual las entidades territoriales deberán ejercer sus funciones en materia ambiental de manera coordinada y armónica con el fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales.

En consecuencia, a través del principio de solidaridad se abre la posibilidad de implementar el PSA en territorio diferente al de la jurisdicción del municipio que inicialmente tuvo la iniciativa de adelantar el esquema, cuando este se beneficie de los servicios ecosistémicos que el territorio provea. De este modo, el municipio que se beneficia del servicio ecosistémico puede, por ejemplo, realizar una inversión en el municipio que provee el servicio, el cual, a su vez, puede aportar al proceso de vigilancia y mantenimiento del predio, si así se acuerda por ambos municipios. En este caso, el mecanismo a través de la cual los municipios podrían acordar los parámetros de la inversión o aunar esfuerzos para adelantar un programa de PSAH es el convenio interadministrativo.

 

12.      El decreto 1007 de 2018 contempla la posibilidad de ser beneficiarios de los incentivos aquellos predios que se encuentran ubicados en las áreas SINAP, antes de la entrada en vigencia del mencionado decreto. ¿Es decir que quienes hayan adquirido predios después de esta fecha, no pueden ser beneficiarios?

Al respecto téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.9.8.1.5 del decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 1 del decreto 1007 de 2018, a saber:

"Artículo 2.2.9.8.1.5. Beneficiarios del incentivo. Podrán ser beneficiarios del incentivo de pago por servicios ambientales los propietarios, poseedores u ocupantes de predios en áreas y ecosistemas estratégicos descritos en el artículo 6º del Decreto-Ley 870 de 2017.

(...)

Así mismo, dentro de los beneficiarios descritos en el literal c) del artículo 6º del Decreto Ley 870 de 2017, se encuentran quienes estén ubicados en áreas de protección y de manejo ambiental especial -incluidas las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP-, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 870 de 2017" (negrilla fuera de texto).

Así las cosas, pueden ser beneficiarios quienes se encuentren ubicados en áreas de protección y de manejo ambiental especial, incluidas las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP, hasta antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 870 de 2017 y, aquellos que lo hagan con posterioridad, no pueden ser beneficiarios.

13.      ¿Se puede implementar un PSA suscribiendo acuerdos de conservación con una fundación, la cual tiene un predio localizado en AIE y cuyo compromiso en el marco del acuerdo se enfoque a adelantar acciones de restauración ecológica?

En el caso de existir la oportunidad de suscribir un acuerdo de conservación con una fundación cuyo predio a vincular es estratégico para el recurso hídrico, corresponderá al organismo implementador del programa de PSA (sea este la entidad pública directamente o un tercero que contrate), dentro del proyecto y visión que tenga frente al programa, determinar las directrices, lineamientos y características bajo las cuales implementará el mismo, lo cual conlleva al correspondiente estudio jurídico en cada caso particular.

Lo anterior obedece al hecho de que las fundaciones son beneficiarias de recursos e incentivos de diferentes fuentes, lo cual amerita reflexionar acerca la asignación de recursos a una fundación contemplando el principio de equidad mencionado en el artículo 8 del Decreto 870 de 2017, a través del cual se establece que el incentivo se orientará de manera prioritaria a “quienes sean propietarios, poseedores u ocupantes de pequeña y mediana propiedad de buena fe exenta de culpa basados en el nivel de vulnerabilidad establecido por los indicadores del SISBEN, el censo nacional agropecuario (…)”.

Además, en el caso de optar por suscribir un acuerdo de conservación con una fundación, es necesario tener en cuenta, previo a la suscripción de este, que el Artículo 2.2.9.8.2.5. (parágrafo 4) del decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 1 del decreto 1007 de 2018 establece que “Un proyecto de pago por servicios ambientales podrá incluir diferentes modalidades de pago por servicios ambientales en una misma área y ecosistema estratégico, sin que implique que se pague por encima del valor estimado ni que se pague dos o más veces el mismo servicio ambiental por cualquier incentivo” (negrilla fuera de texto).

 

14.      ¿ La adopción de los recursos del 1% para la ejecución de los PSA deberá realizarse mediante Decreto Municipal o Proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo municipal?

En este sentido existe una legislación nacional, la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 870 de 2017 y el Decreto 1007 de 2018, los cuales determinan el marco del funcionamiento, implementación y operatividad del programa de Pago por Servicios Ambientales. Sin embargo, para la ejecución del mismo a nivel local, especialmente por temas de ejecución presupuestal y desarrollo programático, es pertinente que se expida la legislación local (territorial) que cada entidad territorial considere para poder ejecutar el programa de PSA, tal situación corresponderá determinarla puntualmente a cada municipio en su forma de funcionamiento.

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