Los líderes y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos ambientales se han visto afectados por un contexto de amenazas, atentados y homicidios, lo que ha hecho que el normal ejercicio de sus actividades sea un riesgo constante, aspecto que ha sido evidenciado por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos1. La defensa de los derechos ambientales es fundamental para las sociedades democráticas, pues está dirigida a garantizar que los recursos naturales sean aprovechados y conservados de forma equilibrada y equitativa por toda la sociedad2. Esta garantía busca evitar conflictos sociales por el acceso a los recursos naturales y en últimas, limitaciones a los derechos ambientales, sociales, económicos y culturales. En este sentido, la labor de las personas dedicadas a la defensa de derechos ambientales importa a toda la sociedad en su conjunto y por ello los Estados deben realizar acciones concretas.